SANTO DOMINGO. La lucha contra la corrupción ha creado remolinos de vientos, cuyo epicentro gira alrededor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).Los vientos agitados por el procurador
General de la República, Francisco Domínguez Brito, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, han generado ráfagas que pican cerca del líder y presidente del PLD, Leonel Fernández.
La primera en “remenear” la mata fue la fiscal Reynoso, quien, tras dilucidar un sometimiento en contra del ex mandatario, emitió una decisión crítica contra las acciones atribuidas que terminó archivando el caso.
El expediente continuó “dando vuelta” con un archivo objetado, hasta que fue ratificado en grado de apelación y en la Suprema Corte de Justicia. Pero el tema, revoloteado hasta finales del 2013, no se ha quedado ahí.
Las figuras más cercanas al ex gobernante siguen siendo bailoteadas con persecuciones por alegados actos de corrupción por el Ministerio Público. El ex ministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa, fue objeto de inmovilización de sus cuentas bancarias, lo cual originó la intervención de varios tribunales que anularon la investigación, tras coincidir que se trata de una medida de coerción que viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La última resolución, la No.244-PS-2014, fue emitida el 19 de noviembre por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, formulando varios reparos a las actuaciones del Ministerio Público.
El senador y secretario de Organización del PLD, Félix Bautista, tiene cuatro procesos abiertos por Domínguez Brito, que al igual que el legislador es miembro del Comité Central de la organización gubernamental. El Procurador tiene en marcha una acusación sobre presunta corrupción y lavado de activos en contra del ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. También ha solicitado medidas precautorias en contra de bienes inmuebles y cuentas bancarias. Antes de esta petición, formuló notas de advertencias por ante los registros de Títulos de Santiago y el Distrito Nacional, con miras a bloquear 112 bienes inmuebles.
Sin embargo, a contrapelo de la aspiración del Procurador, la Segunda Sala de la SCJ ratificó dos archivos dispuestos por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa de sendas investigaciones sobre alegados actos de corrupción.
fuente: diariolibre.com